Ebulá bendice sus tierras mientras el Gobierno
incumple obligaciones y protege al agresor
Comunicado elaborado por el Equipo Indignación, A.C.Seguimiento y actualización del caso de San Antonio Ebulá / 15 de octubre de 2009
Al tiempo que incumple minuciosamente obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos contraídos con las y los ebuleños, el gobernador de Campeche nombró a Gabriel Escalante Castillo, hijo del agresor que destruyó San Antonio Ebulá y desalojó violenta e ilegalmente a sus habitantes el pasado 13 de agosto, "Secretario de Coordinación del Gobierno del Estado".
Dicha secretaría, de acuerdo con notas de prensa, se creó para atender "asuntos estratégicos en lo social, económico y
territorial”.
Mientras tanto, pobladores de San Antonio Ebulá bendijeron la tierra recuperada –las primeras 31 hectáreas– en una emotiva ceremonia y agradecieron la solidaridad de personas y organizaciones de la sociedad civil.
El pueblo de San Antonio Ebulá, logró la posesión y el compromiso de propiedad sobre 31 hectáreas de su territorio, a las que ya retornó. Sin embargo, las y los habitantes continúan en condiciones de inseguridad generadas por el desplazamiento puesto que se encuentran en una parte de su territorio que todavía requiere desmontarse.
Algunas familias están viviendo y durmiendo a la intemperie en la tierra recuperada, bajo un precario techo de láminas común; otras se alojan con familiares mientras logran reconstruir sus viviendas.
El anterior gobierno de Campeche incumplió permanentemente su obligación de proteger a las y los ebuleños para evitar el desalojo y, después de éste, omitió proporcionar asistencia humanitaria a la población desplazada.
El actual gobierno persiste en ignorar las obligaciones que tiene ante una población a la que se le violó el derecho a la vivienda, a la propiedad, a la justicia y a la integridad física mediante un desalojo ilegal cometido por un particular con protección de la policía.
En medio de la bendición de la tierra recuperada que se realizó el 13 de octubre, a dos meses del violento desalojo, las y los ebuleños entregaron reconocimientos a organizaciones integrantes de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá.
Las organizaciones presentes manifestaron su decisión de continuar acompañando a las y los pobladores hasta conseguir la restitución, la reparación y la justicia en este caso. Asimismo ratificaron su desconfianza en la palabra de los gobiernos y de los poderosos y su confianza en el propio pueblo, en la organización y en la solidaridad.
El Equipo Indignación informó que dirigió una carta al procurador de Justicia de Campeche manifestando su preocupación ante el riesgo de que crímenes tan graves como los cometidos contra las y los ebuleños queden impunes y solicitándole una cita. Esta carta se envió hace ya dos semanas y, sin embargo, no se ha obtenido respuesta.
Asimismo, Indignación, como parte del seguimiento, está haciendo llegar un reporte de las condiciones actuales en las que se encuentran las familias desplazadas a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a los relatores de vivienda y de pueblos indígenas, también de la ONU.
La Comisión de Derechos Humanos de Campeche, por su parte, no sólo continúa sin pronunciarse sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las y los ebuleños, sino que en estos días ha respondido a algunas de las personas que le dirigieron cartas en el contexto del retorno, que “tenemos conocimiento a través de los medios de comunicacion que el caso ya ha sido atendido”, además de señalar que se radicó el expediente de queja y que se han realizado los trámites correspondientes.
La “supersecretaría” creada para el hijo de Escalante compromete gravemente la imparcialidad que requiere el gobierno de Campeche para investigar los delitos cometidos contra las y los ebuleños y garantizarles justicia y reparación del daño.
Una hija de Eduardo Escalante Escalante, Ana Martha, es diputada del Congreso de Campeche por el PRI y preside la Comisión de Finanzas. Eduardo Escalante es suegro del extinto secretario de gobernación federal, Juan Camilo Mouriño.
El 25 de septiembre pasado el gobierno de Campeche, al comprometerse a garantizar la posesión y propiedad de 31 hectáreas a los ebuleños, se comprometió también a garantizar todos los servicios para una vida digna al pueblo de San Antonio Ebulá.
Sin embargo, hasta hoy no ha concluido la construcción del pozo para dotar de agua a la población, ni se ha realizado el desmonte del terreno, ni el trazado de calles. Tampoco han iniciado las mesas de trabajo para ir atendiendo las necesidades del pueblo.
En el documento firmado el gobierno se negó a garantizar la reparación del daño a pesar de que la policía estatal estuvo presente en la agresión contra los ebuleños. Expresamente se negó a que quedara escrito el compromiso de brindar apoyo para la reconstrucción de las casas, aunque verbalmente dijo que haría "eso y más".
