A dos semanas del violento desalojo y de instalar un plantón
Se niega el gobierno de Campeche a cumplir exigencias del pueblo.
FDT-PE y ebulenses recuperarán las tierras a como de lugar.
El gobierno del estado de Campeche se negó a cumplir las exigencias del pueblo de Ebulá, como son la recuperación de su pueblo y la reparación de los daños sufridos durante el desalojo violento e ilegal perpetuado por orden del impune terrateniente Eduardo Escalante, ofreciéndoles a cambio la reubicación en un territorio poco propicio para el desarrollo, y no para todos los afectados sino para algunos cuantos, entre otras nefastas condiciones, sin contemplar por supuesto el castigo a los responsables de los daños. Ante esta negativa del gobierno de actuar con justicia, el pueblo de San Antonio Ebulá y su Frente en Defensa de la Tierra, anuncian que tomarán acciones para retomar sus tierras.
Mientras tanto, los rumores de que se avecina un desalojo al plantón que se mantiene desde hace dos semanas a las afueras del palacio de gobierno, son cada vez más recurrentes…
Ya han pasado dos semanas desde que el pueblo de San Antonio Ebulá fue desalojado de forma violenta e ilegal por parte del Empresario Eduardo Escalante, quien contrató para dicho operativo a más de cien para-policías a cargo del conocido delincuente “Potoco” Farfán, que ingresaron con la orden de golpear a los pobladores, como se demostró en los hechos, mientras los tractores destruían sus viviendas y pertenencias, todo esto ante los ojos de la Policía Estatal Preventiva, que en vez de resguardar a los ciudadanos de Ebulá, vigiló que el proceso destructivo se efectuara, demostrando así la complicidad del gobierno de Jorge Carlos Hurtado Valdez.
Son dos semanas también de que los pobladores iniciaran un plantón en las afueras del palacio de gobierno estatal, convocado por el Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá (FDT-PE), para exigirle a los altos funcionarios de gobierno que: 1.- Se castigue los hechos delictivos que se cometieron en su contra y de sus derechos como pueblo indígena y como seres humanos, deslindando responsabilidades desde los más altos niveles y comenzando por el hasta ahora impune empresario Escalante; 2.- Se les den garantías para retornar a sus tierras y se les reconozca la propiedad sobre las mismas, las cuales han trabajado por 40 años y ahora son reclamadas por un particular, debido a un ambicioso proyecto-negocio vinculado al Plan Puebla Panamá; 3.- Se les restituyan completamente los daños materiales y psicológicos, consecuencia del desalojo violento. Básicamente en estos tres puntos se concentran las principales demandas de los pobladores, quienes han permanecido sin flaquear ante las inclemencias del tiempo.
Durante este tiempo, los funcionarios de la Secretaría de Gobernación han estado promoviendo “negociaciones”, en las que han evadido su responsabilidad para castigar las acciones ilegales del Escalante y sus sicarios, así como la de reconocer la propiedad de los pobladores sobre los terrenos que conforman San Antonio Ebulá, adjudicando toda clase de premisas amañadas para beneficiar a su verdadero patrón, el potentado terrateniente Eduardo Escalante, emparentado con la poderosa familia Mouriño.
El gobierno daba como única salida “viable” al conflicto la reubicación de los pobladores y en su retórica, intentaron convencerlos que de aceptar, los mismos pobladores elegirían el lugar que consideraran propicio, se distribuiría la misma cantidad de tierra que poseían y se les daría un apoyo, principalmente en láminas (sic), para que se comenzaran de nuevo. El pueblo, que en su mayoría mantuvo la dignidad airosa, se negó rotundamente a aceptar estas condiciones, ya que en primer lugar, ellos no iban a pedir, sino a exigir conforme a su derecho, una resolución que los favoreciera por completo como víctimas de todos los atentados ya mencionados. Por lo mismo plasmaron en un pliego petitorio sus demandas y la hicieron llegar a la alta burocracia gubernamental, en calidad de no negociables.
La respuesta definitiva del gobierno, expuesta ante una comisión de pobladores el día de ayer, 26 de agosto, fue un ridículo ofrecimiento de 60 lotes con servicios públicos de 20 x 30 m. ó 30 lotes de 40 x 40 m., cuando sus propiedades tienen esta última medida, pero contemplando las más de 100 familias que han sido despojadas y los terrenos de trabajo agrario, parcelado y comunal. El argumento de las autoridades es que la mayoría de los demandantes son “nuevos” en el padrón, que actualmente habitan menos del centenar de familias y esto deja al pueblo “sin derecho” a regresar a sus tierras. Además, declararon que Eduardo Escalante ha ganado en todas las instancias donde ha reclamado la propiedad de la tierra. Claro que los gobernantes amañadamente no reconocen que muchas familias han salido por temor desde que empezó el asedio del empresario en el 2004 y principalmente luego del primer desalojo violento e ilegal en el año 2007, donde son destruidas la totalidad de viviendas, los templos y la escuela. Tampoco mencionaron que el poblado es reconocido en instancias como el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que llegan programas federales como el “Oportunidades”. Además es destacable el hecho de que Eduardo Escalante jamás ha demostrado una evidencia legal de que se le haya reconocido propietario del ejido.
Ante esto, los ebulenses han decidido continuar en plantón afuera de palacio, situación que avergüenza y preocupa al gobierno puesto que pronto entrará una nueva administración, por lo que seguramente se recrudecerá el hostigamiento y la represión, principalmente si consideramos que la lucha de Ebulá se ha reforzado con la simpatía local, nacional e internacional y comienza a coordinarse con otras luchas en el estado, como la de la Resistencia Civil de Candelaria contra las Altas Tarifas y por los presos políticos, quienes han convocado a un encuentro nacional en la entidad que culminará con una marcha el día que toma posesión el nuevo gobernador. Durante la estadía en palacio, también nos hemos acercado a una lucha en defensa de territorios ubicados en la colonia Samulá, que también son detentados por la familia Escalante; de igual manera hemos entrado en contacto con luchas en defensa de la vivienda de habitantes de la colonia “Presidentes”, trabajadores del gobierno del estado que fueron defraudados por la empresa constructora del Arq. Gonzáles Curi, hermano del anterior gobernador y potentado empresario que detentan el poder “detrás del poder” desde hace 12 años, controlando la vida política y económica en el estado. Estas son algunas de las luchas sociales que se han acercado al pueblo de Ebulá, han manifestado su apoyo y han establecido relaciones de cooperación para la protesta.
El FDT-PE en conjunto con los demás pobladores, está actualmente planificando la manera en que regresarán a tomar sus tierras , para lo cual cuentan con el apoyo de organizaciones adherentes a la otra Campaña como el grupo de defensa de los derechos humanos “Indignación”, el Movimiento de Cultura Popular de Yucatán, la Juventud Comunista de México (JCM), el Movimiento de Apoyo Popular Zapatista, así como la solidaridad de otras organizaciones político-sociales y de instancias internacionales de defensa a los derechos humanos e indígenas como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), perteneciente a la ONU e incluso Amnistía Internacional.
Mientras tanto, comienza de nuevo el terrorismo psicológico, pues se filtra constantemente información de que se avecina un desalojo con la fuerza pública al plantón que mantenemos en las afueras del palacio de gobierno, pero aún con miedo permanecemos firmes.
La lucha por recuperar el pueblo de Ebulá, que es una lucha por la dignidad y la justicia social, continuará hasta alcanzar la victoria, por lo que los militantes de la JCM en Campeche hacemos manifiesto que, como hemos hecho desde el inicio, la acompañaremos hasta las últimas consecuencias.
¡Patria o Muerte!
Colectivos Militantes de la Juventud Comunista de México en Campeche
Adherentes a la Otra Campaña
